Días atrás, la periodista Paola Ochoa, columnista del diario “El Tiempo” de Colombia, publicó en el sitio web de este medio una repudiable nota titulada “Los jóvenes primero. El orden de vacunación debería invertirse”. El contenido de la misma es claramente violento, viejista, antiético e inhumano.
“¿Para qué gastarse las primeras dosis en los más viejos y enfermos?”, concluye la profesional en esta serie de párrafos que a primera vista parece una broma de mal gusto. Las líneas de esta nota son un conjunto de argumentos que en apariencia ofrecen fundamentos “lógicos”, “esperables”, pero que guardan entrelíneas un profundo y peligroso sentido común que se infiltra en el sentir, pensar y actuar de las comunidades.
El sentido común, como forma de conocimiento, guía la acción cotidiana de las personas y, al mismo tiempo, inhabilita el pensamiento crítico, contribuyendo a la construcción y/o sostenimiento de significados que se cuelan y que favorecen la creación o reproducción de mitos y prejuicios (en este caso, sobre la vejez y las personas mayores), y con ellos se genera “el caldo de cultivo” para la discriminación (por edad) de grupos que históricamente fueron vulnerados y excluidos.
La discriminación expone la violencia de una sociedad a partir de sus desigualdades. Y esta nota, en apariencia pasajera, planta un principio que más de una persona podría llegar a convalidar si la encuentra sin elementos para desenmarañar los sentidos viejistas tejidos en ella. Y es que plantear invertir el orden de la vacunación, generando una falsa expectativa de eficiencia sobre el fenómeno de la “inmunidad de rebaño” (entre otros argumentos falaces que otra nota en el mismo medio ya desmintió), habilita a una tensión entre grupos etarios, típica de una novela distópica donde “los cerdos” son el objetivo a exterminar, a dejar morir.
Preocupa también, que una periodista obvie las recomendaciones que realiza la Organización Mundial de la Salud sobre priorizar en las primeras etapas de vacunación a grupos de “alto riesgo”, entre ellos personal de salud, personas mayores y personas con comorbilidades. Que además ignore una de las premisas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas que insta a “no dejar a nadie atrás”, uno de los principios rectores para la realización de los derechos humanos. Y más aún, que desconozca que el 10 de septiembre del 2020, el Congreso de Colombia aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los derechos humanos de las Personas Mayores, adoptada en el seno de la Organización de Estados Americanos, y que con esta reciente sanción, el país aprobó un instrumento que permite fortalecer progresivamente tanto la protección como la promoción y el pleno ejercicio de los derechos de este grupo poblacional.
Por todas estas razones, quienes integramos ALGEC repudiamos y alertamos a la sociedad sobre este tipo de declamaciones falaces, antiéticas y discriminatorias que expresan falsas dicotomías y “eficiencia empresarial”. Asimismo, recomendamos acceder a canales oficiales de información sobre ciertas temáticas (para evitar noticias falsas) y a las personas que ejerzan periodismo, consultar fuentes especializadas y/o participar de capacitaciones sobre ciertos temas antes de emitir opiniones perjudiciales, como las vertidas en dicha columna.
