Compartimos una nota publicada por LATFEM y realizada por el equipo de Algec para cuestionar y reflexionar las acciones y políticas cometidas contra las personas mayores en Argentina.
El gobierno de Javier Milei vetó mediante el decreto 782/24 la Ley de Movilidad Jubilatoria (27.756), sancionada semanas antes por el Congreso de la Nación. De esta manera dejó sin efecto un marco legal que reconocía la situación de emergencia en la que se encuentran las personas mayores y que buscaba recomponer el nivel de ingresos de las jubilaciones y pensiones, desplomado tras la escalada inflacionaria de los últimos nueve meses.
Pese al verso de que “el ajuste lo paga la casta”, las personas mayores hoy representan uno de los sectores más golpeados por la actual política económica, despiadada e insensible. De acuerdo al informe publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), es la licuación de las jubilaciones y pensiones la que explica el 27,7% del ajuste realizado. Para que quede claro: el superávit fiscal proclamado por el Gobierno argentino se alcanzó a costa del deterioro de los ingresos de los jubilados y pensionados.
Según el último censo realizado en 2022, en Argentina viven casi 7 millones y medio de personas mayores de 60 años, lo que representa el 16.2% de la población total. Vivimos, por lo tanto, en un país envejecido en el que este grupo etario adquiere cada vez mayor presencia. El 57% de esa población está conformado por mujeres, por lo que la feminización es una característica de la vejez, que incluso crece a medida que aumenta la edad.
Si bien la gran mayoría de las personas mayores están cubiertas por el sistema de seguridad social argentino —producto de las políticas de inclusión previsional que actualmente se encuentran cuestionadas—, el 70% de las personas jubiladas y pensionadas perciben un ingreso igual o menor al valor de la jubilación mínima que, en septiembre, fue de $304.540,23. Esto afecta diferencial y negativamente a las mujeres, quienes accedieron en mayor medida al derecho a la jubilación mediante las moratorias previsionales.
El presidente Milei afirma que las jubilaciones “están volando”, sin embargo, los datos muestran otra realidad. Según el índice de precios al consumidor publicado recientemente por el INDEC, entre diciembre de 2023 y julio de este año, la inflación alcanzó un 87%, en tanto que la jubilación mínima en el mismo período aumentó un 77,7%, es decir, casi 10 puntos porcentuales por debajo de la evolución de los precios. Un dato contundente.
No hay dudas que el monto de la jubilación resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de alimento, vivienda y vestimenta, sin considerar gastos adicionales en materia de salud, cuidados y medicación —que suelen acentuarse en esta etapa de la vida—, a los que deben sumarse los aumentos fenomenales en las tarifas de los servicios esenciales como la luz, gas, agua, internet, telefonía y el transporte.
Una mención aparte merece el incremento sostenido de los precios de medicamentos, situación que se ve empeorada debido a la reciente reducción de la cobertura al 100% que otorgaba PAMI. El ajuste en medicamentos afecta a 40 tipos de drogas esenciales como corticoides, antibióticos, antipsicóticos, antiparasitarios y medicación para el tratamiento del dolor, presentes en cientos de medicamentos de uso habitual por la población mayor.
Cabe recordar que la política de cobertura de hasta 5 medicamentos en forma gratuita a las personas afiliadas a la obra social representaba un ahorro de más de $60.000 mensuales, lo que equivalía a más del 20% de una jubilación mínima, tal como señala el Informe sobre los medicamentos más consumidos por las personas mayores difundido en agosto por CEPA, CEPPEMA y ALGEC. Esto configura otro golpe al bolsillo y a la salud —física, psicológica, mental y emocional— de las personas mayores.
La situación de emergencia en la que se encuentran las personas mayores expone a la vista de todos, la crueldad del plan de Milei en tanto que no sólo las priva de los derechos básicos a la salud y a una vejez digna, sino que también las criminaliza y reprime cuando ejercen su derecho constitucional a la protesta contra la política de hambre a la que son sometidas.
La dependencia económica atenta contra la autonomía y la posibilidad de una vejez digna de todas las personas mayores, pero especialmente de las pertenecientes a las diversidades sexuales que envejecieron en contextos de disciplinamiento patriarcal.
Ante el veto del Gobierno, sostenemos que las personas jubiladas no pueden ser la variable de ajuste de este modelo económico que plantea el objetivo del equilibrio fiscal a cualquier costo. Es preciso derribar la falsa antinomia postulada por este gobierno: el bienestar de las futuras generaciones no puede ser garantizado a costa del empobrecimiento de las personas mayores de hoy. Es un planteo mentiroso y cruel.
No existe ninguna duda, resulta imperioso y urgente la defensa de los derechos de las y los jubilados, y el repudio generalizado del conjunto de la sociedad hacia las políticas de muerte que impulsa el gobierno de La Libertad Avanza. Su resistencia, lucha y valentía tienen que interpelarnos a la acción. Debemos —le debemos a los viejos y viejas— ser capaces de conformar un frente federal, transversal e intergeneracional que defienda a las personas mayores presentes y futuras y construya a la vejez como un momento de la vida en el que se puede vivir sin miedo y con total dignidad, placer y plenitud.
*Nuestro agradecimiento a LATFEM por publicar la nota “La vejez ajustada”.
Foto: Lucía Prieto
