“Alcanzar un consenso internacional para ampliar la protección de los derechos humanos al máximo nivel internacional pareciera aún lejano”
Por @derechosvejez
Imagen: Age Platform
Del 29 de marzo al 1 de abril de 2021 se desarrolló la 11a Sesión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento, una instancia creada por la Asamblea General con el propósito de “considerar el marco internacional existente de los derechos humanos de las personas mayores e identificar posibles lagunas y la mejor manera de abordarlas, incluso considerando, según corresponda, la viabilidad de nuevos instrumentos y medidas”.
Este Grupo, creado por iniciativa de los países de América Latina y el Caribe con el liderazgo de la Argentina, el Brasil, Costa Rica, Chile, El Salvador y el Uruguay, entre otros, ha trabajado durante una década analizando distintos temas relacionados con los derechos humanos de las personas mayores. Hasta el momento, se han sometido a evaluación del Grupo de Trabajo más de 800 documentos. En la mayoría se concluye que la falta de un instrumento internacional jurídicamente vinculante impide el pleno desarrollo de las personas mayores y favorece la vulneración de sus derechos humanos en todo el mundo.
En el año 2020, debido a la pandemia por COVID-19, la reunión del Grupo fue suspendida y su 11a sesión se realizó de manera virtual a fines de marzo de 2021. Durante cuatro días de debate se intercambiaron las posiciones de expertos, gobiernos, instituciones de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. No obstante, es espeluznante cómo, pese a todas las evidencias que ha dejado la pandemia por COVID-19 con respecto a la desprotección de las personas mayores, muchos Estados —en particular los europeos— continúan negándoles la posibilidad de contar con un instrumento internacional que proteja sus derechos.
Para los Estados de América Latina y las organizaciones de la sociedad civil de países desarrollados es indudable que los derechos humanos de las personas mayores deben alcanzar el más alto nivel de protección internacional, como ha ocurrido con las mujeres, los niños/as y las personas con discapacidad. Así lo reiteraron de forma elocuente en esta oportunidad la Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador y el Perú. Pero este consenso que existe a nivel latinoamericano no es compartido en todo el orbe.
Para China, la “solución” de los problemas de las personas mayores pasa por el desarrollo de sus países de residencia. Otros, como la India, responsabilizan a las familias del cuidado y atención de las personas mayores por medio de una vigorosa legislación de responsabilidad para con los progenitores. La Comunidad Europea sostiene que los instrumentos de derechos humanos existentes atienden adecuadamente los asuntos de las personas mayores, aunque en los últimos años se abrió a reconocer que estos no han sido suficientemente utilizados.
Alcanzar un consenso internacional para ampliar la protección de los derechos humanos al máximo nivel internacional pareciera aún lejano. Por lo que, en esta 11a sesión del Grupo de Trabajo, la Argentina sugirió una estrategia para progresar de manera más efectiva por medio de la constitución de un grupo técnico de trabajo intersesional que tenga como labor generar insumos concretos para la redacción de una convención y en el que puedan participar la sociedad civil y expertos independientes. Esta estrategia es similar a la que se puso en práctica con la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, cuando México propuso la creación de una instancia similar en vista de la falta de consenso para iniciar su redacción.
La propuesta de Argentina fue acogida de manera enérgica por Chile, El Salvador, el Perú, Marruecos, entre otros países. No obstante, varios Estados de fuera de la región plantearon sus dudas con respecto a este mecanismo y hubo incluso algunos que se negaron abiertamente a su constitución.
¿Cuánto más habrá que esperar?
Confiábamos en que esta sesión del Grupo de Trabajo hubiese demostrado un compromiso más extenso con las personas mayores, habida cuenta de lo experimentado durante un año de pandemia. Pero las posiciones expuestas durante los debates demuestran incluso que ahora los puntos de vistas de aquellos Estados contrarios a la creación de un instrumento jurídicamente vinculante están más arraigados.
Aún recuerdo cuando hace diez años atrás se inició la tarea de este Grupo de Trabajo. Había una esperanza enorme por parte de todos quienes trabajamos por los derechos de las personas mayores de prosperar en su protección a nivel internacional.
Fue formidable el esfuerzo que hicimos para lograr un consenso latinoamericano a favor de una convención. Ello favoreció que hoy nuestra región mantenga un enfoque vanguardista en el tema. La sociedad civil, sobre todo de América del Norte y Europa, se sumó ágilmente a la posición de los Estados latinoamericanos. Luego, las organizaciones de África y Asia hicieron lo propio. Lamentablemente, la sociedad civil de nuestra región no ha tenido el mismo protagonismo. Pese a nuestro apoyo para que las organizaciones de la sociedad civil latinoamericana conocieran el mecanismo y las formas de participar en el Grupo de Trabajo, su contribución aún no está a la altura de los problemas que aquejan a las personas mayores de nuestra región.
Luego de una década de debates sobre los derechos humanos de las personas mayores en el Grupo de Trabajo, es indiscutible que aún quedan asuntos que resultan de difícil comprensión para los tomadores de decisiones de los países desarrollados. De hecho, al momento de la clausura de la 11a sesión del Grupo de Trabajo, hubo que esperar más de una hora y media para iniciarla de manera presencial debido a que no se alcanzaba el quórum necesario (25 Estados). La sala lucía vacía…
Esperemos que esto no sea una muestra del interés de los Estados miembros de las Naciones Unidas por el bienestar de las más de 1.000 millones de personas de 60 años y más del mundo. Hoy sabemos más que cuando se inició la pandemia por COVID-19 a fines de diciembre de 2019, pero la triste realidad a la que condujo —expresada en una sobremortalidad en la vejez, constantes denuncias de abandono, discriminación o falta de apoyo para paliar la soledad y el aislamiento de las personas mayores— no debe repetirse, y es nuestro deber trabajar para que sus derechos humanos sean promovidos, respetados y garantizados. Ese es nuestro desafío.
